En los últimos meses, en y desde la Guatemala oficial se intenta “concertar” la posibilidad del “reconocimiento” de la justicia maya, en el marco de la reforma constitucional que impulsa la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP).
El presupuesto básico para dicha propuesta es el pluralismo jurídico vigente en el país multicultural. Es decir, la vigencia de la justicia maya en algunas comunidades indígenas, en ausencia o como complemento de la oficial justicia estatal.
Se entiende por pluralismo jurídico a la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos en un mismo territorio. Cada uno con sus propias leyes, jurisdicciones territoriales, instituciones y procedimientos propios. Sin subordinación de ningún tipo, más que a la norma constitucional.
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