Uno de los grandes retos de los derechos humanos en el siglo XXI, tanto para frenar su propia erosión, como para hacerle frente a los violentos embates del capital y sus estrategias de barbarie, es poner al descubierto la concepción de seguridad imperante, que con la idea de prevenir el mal y atacar al terrorismo, ha convertido la humillación, el temor y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en la fórmula que contrariamente a lo planteado legaliza al terrorismo de estado.
La seguridad, que consume hoy la atención del mundo, tiene un carácter extraterritorial, que abarca la jurisdicción internacional, con base en tratados bilaterales de negocios con los Estados Unidos y aplicable a los miembros de las Naciones Unidas. En menos de dos décadas de implementación ha ocurrido exactamente lo contrario, la inseguridad se apoderó del mundo en correspondencia con los ecos de una seguridad usada para justificar el odio y la destrucción. El paso destructor de tal seguridad ha dejado humillación, sufrimiento y muerte, cuando se creía que había una civilización en paz, que haría posible obtener una ciudadanía universal y alcanzar el respeto supremo por la vida y la dignidad humana. En nombre de la seguridad se han amontonado por miles los cuerpos inertes de víctimas inocentes en territorios como Siria, Libia, Yemen, Afganistán, Iraq y en decenas de territorios olvidados como Haití, Somalia, Sudan, Colombia, Guatemala, Honduras.
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