A una década de adoptada, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas continúa como tema pendiente en su plena aplicación, escenario que líderes originarios llamaron aquí a dejar atrás.
Aprobado en septiembre de 2007 por la Asamblea General de manera categórica (144 votos a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones), el documento recoge el compromiso con la autodeterminación, el reconocimiento y el derecho de las comunidades aborígenes a la salud, la educación, el empleo, sus tradiciones e identidad.
Existen algunos progresos desde entonces, pero siguen los atropellos, la criminalización, el arrebato de tierras, el despojo de recursos y la marginación, una denuncia recurrente durante la XVI Sesión del Foro Permanente de la ONU para Asuntos Indígenas, que hasta el 5 de mayo reunió a un millar de delegados en representación de los 300 millones originarios.
Sin embargo, la realidad es que continúan los maltratos a los originarios, a quienes con demasiada frecuencia gobiernos y empresas transnacionales expulsan de sus tierras, privan del acceso a los recursos naturales y niegan servicios básicos, como la educación, la salud y el agua, advirtió.
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