dissabte, 18 de novembre del 2017

El delito de rebelión y la criminalización de la desobediencia no violenta


El ciclo de movilizaciones que desde al menos 2012 se está desarrollando en Catalunya, con la jornada del referéndum celebrado el 1 de octubre como el momento de mayor confrontación del bloque soberanista e independentista con el Estado español, constituye un fenómeno excepcional en nuestra historia contemporánea que esperamos será analizado en el futuro con creciente atención desde distintas áreas y especialmente desde la dedicada al estudio de los movimientos sociales.

La defensa y la práctica de una desobediencia civil no violenta por las diferentes organizaciones sociales y políticas participantes en un ciclo que ha implicado a millones de personas y que ha alcanzado su fase más intensa desde el 20 de septiembre hasta el 1 y el 3 de octubre de este año, constituye además un rasgo singular de este ciclo que le ha permitido gozar de una legitimidad social e internacional innegable.



Esto es lo que se ha querido cuestionar desde el Estado español y la mayoría de los medios de comunicación, buscando criminalizar a este movimiento mediante la descalificación de sus formas de protesta con el fin de asimilarlas con la violencia física. Todo ello en su pretensión de aislar al independentismo ante la opinión pública española mientras convierte en secreto de Estado la violencia policial del 1 de octubre y deja rienda suelta a la extrema derecha violenta que actúa a la sombra de las manifestaciones del mal llamado bloque constitucionalista.

Esa tendencia criminalizadora ha llegado a su punto álgido con las querellas del Fiscal General del Estado contra los portavoces de la ANC y de Ómnium y los miembros de la Mesa del parlament y del govern, acusándoles de los delitos de sedición, rebelión y malversación. De ese modo se busca desacreditar no sólo el independentismo sino también la desobediencia civil no violenta. De acabar triunfando este propósito en la esfera judicial, como ya está ocurriendo, nos encontraremos con otro peligroso salto adelante hacia el Estado penal, ahora en contra de un derecho tan fundamental como el de manifestación.

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