El próximo 24 de enero, en Brasil, el expresidente Lula da Silva será juzgado por el llamado “proceso del triplex”. El juicio será en la ciudad de Porto Alegre (PR). El 12 de junio del 2017, Lula fue condenado en primera instancia a cumplir 9 años y seis meses de prisión en régimen cerrado por el juez Sergio Moro, responsable por los juicios de los crímenes de la operación Lava-Jato –que lleva este nombre porque las operaciones fraudulentas de funcionarios públicos se realizaban en estaciones de servicios para no generar sospechas–. La operación Lava-Jato comenzó en marzo del 2014, es una operación que tiene por objetivo investigar delitos de lavado de dinero, corrupción pasiva y activa, gestión fraudulenta y obstrucción de la justicia por partes de miembros del gobiernos, agentes administrativos del Estado y empresas privadas de grande porte. Sin embrago, fue en el año 2005, con el llamado escándalo del Mensalão, que se dio inicio a todo el proceso de investigación a través de una denuncia de corrupción divulgada por la revista Veja.
La falta de pruebas para la condena de Lula, la politización del judiciario y la judicialización de la política son puntos clave que unen a las izquierdas en Brasil en defensa del derecho de candidatura de Lula. Se entiende que la condena de Lula es la consolidación del golpe, no obstante esta defensa no es de amplio consenso.
El último 19 de diciembre, el PT lanzó el manifiesto “Elección sin Lula es Fraude”. El manifiesto plantea que Lula es víctima de abuso por parte del sistema judicial y denuncia la celeridad en la tramitación del proceso de Lula en el TRF4 (Tribunal Regional Federal de la 4ª Región). Más de 150 mil firmas ya fueron reunidas, entre ellas las de personalidades, políticos e intelectuales de todo el mundo.
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