Ser informados de la defunción de sus familiares, reconocer sus cadáveres, conocer los resultados de las autopsias o disponer de los cuerpos para repatriarlos son derechos básicos a menudo vulnerados para las personas migrantes. Más grave resulta si cabe, cuando las muertes se producen bajo la tutela del Estado
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| José Palazón y Mamadou Barry, ante la Consejería de Bienestar Social de Melilla. |
Tras cinco días en Melilla, Abdelghafar por fin ha podido ver cuerpo de su hijo. Llegó el viernes a la Ciudad Autónoma desde Casablanca tras una llamada de un miembro de la ONG Prodein que, ante la dejación de funciones del gobierno local, le comunicó su fallecimiento. Soufiane, 17 años, había aparecido muerto el día anterior en su cama en el centro de menores Gota de Leche. Vivía allí desde el 26 de diciembre, cuando recibió el alta médica después de que le amputaran un pie tras caerse de los bajos del camión en el que intentaba colarse en el ferry que debía traerle a la Península. Soufiane apenas llevaba dos meses en Melilla, adonde había llegado tras escaparse de su casa para dejar de ser una carga para la familia y poder buscarse un futuro mejor en Europa desde donde ayudarles, según nos cuenta su representante legal.
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